En un esfuerzo por combatir uno de los factores más preocupantes en la educación superior en Colombia —la deserción universitaria por falta de alimentos— se ha radicado el proyecto de ley 574 de 2025, cuyo objetivo principal es la creación del Programa de Alimentación Universitaria. Esta iniciativa busca garantizar que los estudiantes de pregrado en condición socioeconómica vulnerable, pertenecientes a instituciones públicas, puedan acceder a una alimentación adecuada durante su etapa formativa.
La propuesta legislativa parte de una realidad alarmante: miles de estudiantes abandonan las aulas universitarias por hambre o falta de recursos para alimentarse, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico, salud y permanencia en el sistema educativo. Frente a esto, el proyecto contempla dos modalidades clave de apoyo alimentario:
- Plato servido: distribución directa de comidas dentro de los campus universitarios.
- Subsidio o bono de alimentación: un apoyo económico mensual que permita al estudiante comprar alimentos, ideal para universidades sin infraestructura de comedores.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El documento de 36 páginas, impulsado por varios congresistas, explica que este programa no solo tiene como finalidad combatir el hambre, sino también fomentar la equidad y el acceso a la educación en condiciones dignas. Entre los puntos más relevantes del articulado, destacan:
- Identificación de beneficiarios: el programa se enfocará en estudiantes de pregrado que se encuentren clasificados en niveles bajos del Sisbén, pertenezcan a poblaciones étnicas o vivan en condiciones de vulnerabilidad económica.
- Operación del programa: podrá ejecutarse a través de convenios entre el Estado, las universidades públicas, las alcaldías locales y operadores logísticos de servicios de alimentación.
- Financiación: los recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación, así como de aportes de entes territoriales y cooperación internacional.
Una solución urgente y estructural
La deserción universitaria es una problemática que se ha agudizado en los últimos años, especialmente tras la pandemia. Factores como la pobreza, la falta de conectividad, los problemas de salud mental y, en particular, el hambre, han llevado a miles de jóvenes a abandonar sus estudios.
Este proyecto, al centrar sus esfuerzos en la alimentación como derecho y necesidad básica, pone en el centro de la discusión la dignidad de los estudiantes y el rol del Estado en garantizar las condiciones mínimas para una formación profesional integral.
¿Cuál sería el impacto del programa?
De ser aprobado, el Programa de Alimentación Universitaria beneficiaría a cientos de miles de estudiantes en todo el país, especialmente en regiones con alta pobreza o con universidades públicas de bajo presupuesto. Las proyecciones iniciales apuntan a una reducción significativa en la tasa de deserción, así como a una mejora en el rendimiento académico, al garantizar una nutrición adecuada.
Además, permitiría:
- Disminuir desigualdades entre estudiantes de diferentes contextos.
- Fomentar la permanencia universitaria, reduciendo los costos sociales y económicos de la deserción.
- Estimular el desarrollo regional, al mejorar los índices de educación superior.
Un llamado a la acción legislativa
Los impulsores del proyecto han hecho un llamado al Congreso para darle trámite prioritario, argumentando que se trata de una medida urgente y con impacto directo en el futuro del país. Diversas organizaciones estudiantiles y académicas ya han manifestado su respaldo a esta propuesta, que consideran justa, oportuna y transformadora.
Desafíos y viabilidad
Pese al respaldo social, la implementación de este proyecto no está exenta de desafíos. Entre ellos se destacan:
- La financiación sostenible del programa, que requerirá una planeación presupuestal de largo plazo.
- La logística de distribución, especialmente en universidades con cobertura amplia y sin comedores.
- La transparencia en la asignación de subsidios, para garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
Conclusión
El proyecto de ley 574 de 2025 representa una respuesta concreta y necesaria al hambre que viven muchos estudiantes universitarios en Colombia. Su enfoque no solo ataca una causa directa de la deserción, sino que también reivindica el papel del Estado como garante de derechos fundamentales como la educación y la alimentación.
De ser aprobado, marcaría un hito en la lucha por la equidad educativa y la permanencia académica, al tiempo que daría esperanza a miles de jóvenes que hoy se debaten entre estudiar o comer. Porque ningún estudiante debería tener que elegir entre su futuro y su alimentación.
