La renuncia de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, ha generado un terremoto político en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho surge tras la revelación de un presunto escándalo de corrupción relacionado con el manejo de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según informes, Bonilla habría autorizado el desembolso de cerca de 46.800 millones de pesos colombianos (unos 11,7 millones de dólares) en contratos polémicos para la compra de camiones cisterna en La Guajira, región históricamente afectada por la escasez de agua potable.
El detonante: contratos y chats comprometedores
El caso tomó fuerza con la divulgación de chats en los que Bonilla supuestamente coordinaba contratos por 92.000 millones de pesos (23 millones de dólares) con el objetivo de beneficiar a congresistas a cambio de apoyo político. Aunque el exministro no ha sido acusado formalmente, estas revelaciones provocaron un clamor ciudadano y político que exigió su dimisión. Figuras como Andrés Forero y Catherine Juviano, representantes a la Cámara, manifestaron que la continuidad de Bonilla comprometería la integridad del Ministerio de Hacienda.
Petro responde y pide la renuncia
Inicialmente, Petro defendió a Bonilla, destacando su gestión económica y su papel en la recuperación económica del país. Sin embargo, en un giro inesperado, el presidente solicitó su renuncia, argumentando que el desgaste mediático y político era insostenible. En una publicación en redes sociales, Petro comparó la situación de Bonilla con figuras históricas, pidiendo que renunciara para "no ensuciarse" con la política tradicional.
Más implicaciones: denuncias de Bonilla
En su carta de renuncia, Bonilla no solo anunció su decisión de apartarse del cargo, sino que también arremetió contra figuras cercanas al mandatario. El exministro envió una carta a la Fiscalía en la que denunció presuntas irregularidades relacionadas con la hidroeléctrica Urrá, señalando a Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Estas acusaciones apuntan a presiones indebidas en contratos que involucran recursos públicos, ampliando aún más el impacto del escándalo.
Consecuencias políticas y económicas
La renuncia de Bonilla pone en una posición delicada al gobierno de Petro, que ya enfrentaba críticas por sus reformas tributarias y laborales. Además, este caso podría tener repercusiones económicas, ya que el Ministerio de Hacienda es clave para mantener la confianza de los mercados en medio de los desafíos fiscales del país. Mientras tanto, se espera que las investigaciones avancen para determinar la responsabilidad del exministro y otros implicados.