El uso de plataformas de transporte como Uber, DiDi, Cabify, Picap e InDriver sigue generando controversia en Colombia. Aunque estas aplicaciones han ganado millones de usuarios en el país, las autoridades mantienen su posición: operar a través de estas plataformas es ilegal, y tanto conductores como usuarios pueden enfrentar sanciones significativas.
¿Por qué estas plataformas son ilegales en Colombia?
El principal argumento detrás de la ilegalidad de estas plataformas es que los vehículos vinculados a ellas no cuentan con la autorización legal para prestar servicios de transporte público. Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores que usen su vehículo para fines no autorizados incurren en la infracción D12.
Esta infracción está claramente definida en el artículo 131 del código, que establece multas de hasta 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, un valor aproximado de $1.300.000 COP, además de la inmovilización del vehículo.
El valor de la multa
El valor de la multa depende del tipo de infracción, que va desde la A hasta la E. Siendo en este caso una infracción de tipo D, el conductor deberá pagar hasta $ 1'300.000.
En el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, los valores de las multas están dispuestos de la siguiente manera:
- Tipo A: Cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 173.733).
- Tipo B: Ocho salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 346.667).
- Tipo C: Quince salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 650.000).
- Tipo D: 30 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 1'300.000).
- Tipo E: 45 salarios mínimos legales diarios vigentes ($ 1'950.000).
Los días de inmovilización del vehículo dependerán de las veces que el conductor haya incurrido en la infracción:
- Por primera vez: cinco (5) días.
- Por segunda vez: veinte (20) días.
- Por tercera vez: cuarenta (40) días.
A pesar de los riesgos legales, el uso de estas plataformas sigue creciendo. En Bogotá, por ejemplo, se estima que más de 4.8 millones de personas han utilizado estas aplicaciones, y más de 300.000 conductores han prestado servicios a través de ellas. Esto refleja la alta demanda de alternativas al transporte tradicional y la necesidad de una regulación clara que brinde seguridad tanto a usuarios como a conductores.
¿Qué dice el gobierno?
Actualmente, el Congreso colombiano discute un proyecto de ley que busca regular las plataformas de transporte. El gobierno nacional ha manifestado su intención de acompañar esta iniciativa, reconociendo la importancia de formalizar este sector para garantizar derechos laborales a los conductores y ofrecer un marco legal a los usuarios.
Sin embargo, mientras este proyecto de ley sigue su curso, las autoridades continúan aplicando las sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito.
El debate sobre las plataformas de transporte en Colombia refleja una realidad compleja: la necesidad de alternativas eficientes y modernas para los usuarios frente a un marco legal que no ha evolucionado al mismo ritmo. Aunque los servicios que ofrecen estas aplicaciones son atractivos para millones de personas, tanto conductores como usuarios deben ser conscientes de los riesgos legales asociados.
La regulación de este sector podría representar una solución a largo plazo, brindando claridad y beneficios para todas las partes involucradas. Hasta entonces, es esencial actuar con precaución para evitar costosas sanciones.